Fm Union 107.5 Rio Gallegos El aire de la pasion!
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dispuso que la causa Propofest vuelva al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47. El tribunal consideró que la investigación se había cerrado antes de completar medidas relevantes, en especial el análisis de los teléfonos secuestrados a los imputados. La prueba, sostuvo, podría incidir en los hechos que se les atribuyen y en la participación de cada uno.
Boveri, anestesiólogo del Hospital Italiano, y Lanusse, médica residente de la misma especialidad, fueron procesados por una presunta defraudación vinculada con la administración, custodia y uso de propofol y otros insumos médicos. La imputación sostiene que esos elementos habrían sido apartados de su destino legítimo para beneficio propio. Los procesamientos habían sido confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que también había señalado que era necesario profundizar la investigación.
La fiscalía pidió que se abrieran y peritaran los dispositivos electrónicos antes de dar por terminada esa etapa. También había solicitado al Hospital Italiano información sobre intervenciones quirúrgicas, procedimientos anestésicos y sedaciones en los que hubieran participado los imputados entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, cuando se hubiera usado al menos dos ampollas de propofol. El juez de instrucción rechazó esas medidas al considerar que la pesquisa estaba agotada y que los peritajes podían incorporarse durante el juicio. La fiscalía objetó esa postura porque, a su entender, los resultados podían modificar la acusación antes del debate.
El expediente había sido elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, pero la devolución se tramitó de manera distinta para cada imputado: el juzgado la había aceptado parcialmente respecto de Lanusse y mantenido el proceso en el tribunal oral para Boveri. Esa diferencia derivó en un conflicto de competencia que llegó a Casación. El tribunal anuló la resolución del 17 de julio y los actos posteriores, y determinó que el juzgado de instrucción debe continuar con la causa.
