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El Gobierno nacional dispuso este lunes una reestructuración en el sistema de control alimentario al eliminar el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y transferir sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Mediante el decreto 697/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció la disolución del INAL y la absorción por parte del Senasa de las responsabilidades vinculadas al registro, control y fiscalización de alimentos.
Asimismo, la normativa asigna al Ministerio de Salud la rectoría exclusiva en la definición de políticas alimentarias, con un énfasis inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes en alimentos procesados. En paralelo, se modificó el Código Alimentario Nacional (CAA), estableciendo por primera vez un plazo máximo para su actualización.
El INAL ejercía tres funciones principales: verificar que los productos comerciales cumplían con el CAA; autorizar establecimientos, productos, importaciones y exportaciones; y realizar análisis bromatológicos y de inocuidad para detectar riesgos sanitarios. Estas competencias pasarán ahora a Senasa.
Desde el Gobierno explicaron que esta transferencia no es fortuita, sino que se fundamenta en que Senasa posee la infraestructura territorial de control alimentario más extensa del país, que incluye laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para la producción primaria e industrial, elementos que el INAL nunca tuvo desplegados a esa escala. Según indicaron, se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional.
Con esta reorganización se separan las funciones de control de las de rectoría sanitaria: Senasa se especializará en la fiscalización operativa de alimentos a nivel nacional, mientras que el Ministerio de Salud concentrará su capacidad técnica en conducir políticas de alimentación saludable, comenzando por la agenda de reducción de colorantes y saborizantes en productos procesados.
El Gobierno sostiene que la concentración de las funciones del INAL en Senasa permitirá consolidar un sistema más simple, eficiente y previsible, eliminando duplicaciones en las competencias y controles. De este modo, el organismo centralizará el registro, control y fiscalización de importaciones de productos alimenticios.
Asimismo, Senasa será responsable de autorizar y supervisar los establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que verifican el cumplimiento del CAA. Además, se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius, evitando trámites y evaluaciones redundantes.
Se implementará una Base Única de Datos a cargo de Senasa, que centralizará la información y registros de productos y establecimientos para agilizar la gestión y fortalecer la trazabilidad. También se estableció un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el CAA, lo que brindará mayor previsibilidad, transparencia y agilidad al proceso de modificación normativa.
Por último, el Gobierno destaca que estas medidas facilitarán la agilización del comercio exterior, en particular la importación de alimentos envasados para venta directa, al establecer controles posteriores al ingreso para evitar demoras innecesarias en su comercialización.
Del mismo modo, se simplificará la exportación de alimentos, estableciendo que los productos deberán cumplir con los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
